De monitorios, caraduras, concursos de acreedores y pagafantas. Cuando la Justicia es de todo menos justa.

La llamada comúnmente Ley de la Segunda Oportunidad nació con una promesa poderosa: permitir que personas y pequeños empresarios asfixiados por las deudas pudieran volver a empezar. En teoría, se trata de una herramienta de justicia social, pensada para rescatar a quienes han fracasado económicamente sin mala fe. Sin embargo, en la práctica, esta ley ha terminado generando una profunda sensación de injusticia e incertidumbre para una parte clave del tejido económico: los proveedores.

Bajo el paraguas de esta normativa, muchas empresas y autónomos logran la exoneración de deudas tras un proceso judicial. El problema surge cuando esas deudas perdonadas no son ni con la administración ni con grandes bancos o entidades financieras que pueden absorber el golpe, sino con pequeños proveedores que ya han cumplido su parte: entregaron mercancía, prestaron servicios y confiaron en que serían pagados. Para ellos, la «segunda oportunidad» de uno se convierte en la ruina del otro.

Y eso exactamente he vivido yo en carne propia. Una empresa con la que colaboraba hace años me pide que coordine un complejo trabajo de interpretación; yo no lo veo claro por todos los profesionales a los que tengo que coordinar y ante los que yo soy responsable, pero termino aceptando con la promesa de «confía en mí, siempre te hemos pagado, es un cliente nuevo que nos va a dar mucho trabajo, yo respondo»… y nada, me deja a deber dos facturas por una cantidad muy elevada, intereses de demora aparte.

Tras muchas reclamaciones, promesas vacías y también muy malas formas, la empresa presenta concurso de acreedores sin masa y un juez decide que se le perdonan las deudas y que puede volver a empezar. Que le perdonen las deudas con la administración, si gustan, pero ¿por qué deciden que yo quiera perdonárselas y que él necesite mi dinero más que yo sin ni siquiera hacerme partícipe del proceso ni intentar mediación alguna? Hablo de él porque es el administrador único de la sociedad, a quien conozco y con quien siempre trataba personalmente y cuya lujosa vida he seguido por redes durante años.

Era un trabajo en el que había implicados cinco profesionales, a cuatro de los cuales yo he pagado por sus servicios en su totalidad, pero yo me quedo sin nada. Ni presentar un proceso monitorio admitido a trámite ha servido de nada; él dice que no tiene dinero, el resto no cobramos y él puede retomar su actividad económica. ¿No sería más justo para todos poner unas condiciones de pago a plazos? O mejor aún, que pague sus deudas el Estado y él se las vaya devolviendo con sus sueldos futuros, ¿no? Lo que es inconcebible es que las tenga que pagar yo.

La ley, tal y como se aplica en numerosos casos, rompe un principio básico de justicia: la responsabilidad. El proveedor no es responsable de la mala gestión, de una crisis económica ni de decisiones empresariales fallidas. Aun así, es quien acaba asumiendo las consecuencias. Se le obliga a aceptar que el dinero que legítimamente le corresponde nunca llegará, sin que exista una compensación real ni un mecanismo eficaz de protección.

Esto genera un efecto dominó peligroso. Los pequeños proveedores, ante el miedo a no cobrar, endurecen condiciones, exigen pagos anticipados o directamente dejan de trabajar con determinados clientes, o los pierden por el hecho de endurecer las condiciones ―el pez que se muerde la cola―, y así solo acabarán sobreviviendo las grandes empresas que puedan asumir el riesgo de impago. El resultado es un mercado más desconfiado, menos flexible y más hostil para quienes intentan emprender de forma honesta. Paradójicamente, la ley que debía fomentar la recuperación económica termina debilitando la cadena productiva.

No se trata de negar segundas oportunidades, sino de cuestionar a costa de quién se conceden. Una justicia que salva a unos arruinando a otros deja de ser justa y se convierte en un simple reparto arbitrario del daño. Si el sistema no distingue adecuadamente entre grandes acreedores y pequeños proveedores, ni garantiza un equilibrio razonable, el concepto de justicia pierde todo su sentido.

Cuando la ley protege al deudor sin proteger al acreedor vulnerable, el mensaje es claro: cumplir no siempre merece la pena. Y ese es, quizá, el mayor fracaso de una justicia que, pretendiendo ser humana, acaba siendo profundamente injusta.